Llegan las primeras sanciones a los concesionarios

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha comenzado a imponer multas a los concesionarios de automóviles a los que había abierto expediente a finales del verano de 2013 por restringir la competencia.

Cuando se cumplen los 18 meses establecidos para la resolución de los primeros casos, 45 establecimientos de Opel (23 concesionarios), Toyota (10) y Hyundai (12) han sido sancionados con un total de nueve millones. En esa multa se incluyen las cantidades que tendrá que pagar la empresa ANT Servicalidad especializada en la realización de estudios de mercado y evaluaciones del tipo cliente misterioso.

No obstante, es sólo la primera oleada de notificaciones, ya que están pendientes de cerrarse expedientes similares sobre otros 119 concesionarios. Son de Land Rover (seis concesionarios), Nissan (siete) y Volvo (cuatro) aunque el más grueso– y que se podría concluir ya para la semana que viene– es el que afecta a 102 de Seat, Volkswagen y Audi, incluyendo las 12 filiales del grupo.

La mayoría son de la segunda de esas marcas que, además, llevaría más tiempo realizando las prácticas ahora castigadas y por casi toda la península, por lo que se arriesga a una multa sin precedentes.

En concreto, las acusaciones que la CNMC dice haber probado en Hyundai, Opel y Toyota es que los establecimientos de distribución investigados –que operaban en las zonas de Madrid y Galicia– habrían llegado a acuerdos de fijación de precios, que habían mantenido ocultos y secretos, y de otras condiciones comerciales, además de intercambiar información sensible entre sí. 

Es decir, habían formado cárteles que limitaban la competencia y en los que también colaboró ANT Servicalidad. Esta empresa externa, asegura el organismo, comprobaba el cumplimiento de los acuerdos para sancionar a quienes no los respetaran.

La investigación precisa que los pactos no se extendían a toda la gama de vehículos de cada marca, sino sólo a algunos como el ix35 en el caso de Hyundai, el Toyota Prius o el Opel Astra. 

Y de esta última marca, dice la CNMC, también se ha comprobado la participación de la asociación de sus concesionarios, al margen de haber llevado a cabo las prácticas denunciadas casi un año más (entre 2011 y 2013) que las otras dos, que las iniciaron en 2012.

Consecuencia de todo ello, los distribuidores de Opel tendrán que asumir casi 5,4 millones de euros en sanciones, de los que casi 990.000 corresponde a uno solo (Seligrat de Automoción), mientras hay otros cuatro que rondan o superan el medio millón de euros. En Toyota (1,76 millones en total), la palma se la lleva Supra Gamboa (417.000 euros) y en Hyundai (algo más de dos millones en conjunto), es para Motor Gamboa (644.627 euros).

Como ya hizo desde el primer momento, la asociación de concesionarios Faconauto calificó de "campaña de imagen" el expediente de la CNMC que, en su opinión, está utilizando criterios de otros sectores a la hora de analizar al del automóvil, que "es extremadamente competitivo". 

De hecho, insisten en que "no hay prácticas ilegales en el sector de la distribución de coches" y los sustentan en datos como que el precio real de los coches ha caído un 8,5% en los últimos tres años; o que los compradores españoles disfrutan de descuentos superiores en un 64% al que tienen los alemanes (tampoco tienen ayudas del tipo del Pive). "Los concesionarios españoles garantizan a los consumidores españoles el mejor nivel de precios de la UE" señalaba la nota hecha pública por la asociación.

Asimismo, en ella se recordaba que aparte de perder cerca de un 60% de ventas como consecuencia de la crisis, los concesionarios no retornaron a la rentabilidad hasta el pasado año. Y ésta se cifró en sólo un 0,6% medida en términos de la facturación.

Su temor es que las sanciones ahora impuestas, y las todavía mayores que están por llegar, afecten al sector de la distribución, del que dependen unos 135.000 empleos en nuestro país. Según las estimaciones de Faconauto, la operación de la CNMC llevará al cierre de establecimientos y se podrían perder hasta 100.000 ventas de coches en el año.

Por ello han decidido recurrir ante la Audiencia Nacional unas multas impuestas "sin pruebas ni argumentos". Este camino también será seguido a título individual por varias de las empresas afectadas.

Y mientras se produce el desenlace, no conviene olvidar que Competencia también abrió en 2013 un expediente que afecta directamente a varias marcas "por acuerdos para el intercambio de información comercialmente sensible y estratégica".